El oficialismo busca masificar las desvinculaciones voluntarias en toda la administración pública nacional. Quienes acepten el beneficio no podrán volver al Estado por cinco años.
La reestructuración profunda del aparato estatal entró en una nueva fase de aceleración. Por expresa directiva del presidente Javier Milei, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, comandado por Federico Sturzenegger, resolvió profundizar el achicamiento de la planta pública. Tras haber concentrado los mayores esfuerzos en los organismos descentralizados, fuentes de la Casa Rosada confirmaron que el Ejecutivo nacional evalúa replicar y extender este esquema de retiros voluntarios a las dependencias de la administración centralizada en el corto plazo.
Desde el inicio del mandato de La Libertad Avanza, el recorte del gasto público y la reducción de la estructura del Estado se consolidaron como las principales banderas de la gestión. Según revelaron funcionarios encargados del área, un total de 2.300 empleados públicos ya se adhirieron formalmente a los regímenes de desvinculación mutua vigentes en diversos entes autárquicos. En los pasillos de Balcarce 50 definen este mecanismo como un proceso dinámico y defienden la operatoria argumentando que, al tratarse de salidas consensuadas, se desploma la conflictividad gremial y judicial.
El mapa del recorte en las dependencias nacionales
Los operativos de retiro voluntario arrojaron sus principales resultados en dos cajas estratégicas del Estado nacional, logrando reducir cerca del 10% de sus respectivas dotaciones de personal:
- Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES): Encabeza la lista de bajas con un total de 1.170 trabajadores desvinculados de las diferentes dependencias y Unidades de Atención Integral (UDAI).
- Dirección Nacional de Vialidad: Concluyó su propia convocatoria con la salida de aproximadamente 1.000 agentes técnicos y administrativos.
El impacto de las desvinculaciones mutuas también se hizo sentir en empresas públicas y entes reguladores, registrando 252 bajas en Radio y Televisión Argentina (RTA), además de recortes en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Casa de la Moneda y la firma ferroviaria Belgrano Cargas y Logística. La hoja de ruta trazada por Sturzenegger prevé desembarcar próximamente con esquemas idénticos en el INTA y en el PAMI, este último bajo la lupa oficial por poseer una planta global que roza los 11.000 empleados.
Las condiciones económicas y el impacto en las planillas
El programa diseñado por el Ministerio de Desregulación contempla el pago de una gratificación económica equivalente al 90% del salario bruto por cada año de antigüedad de servicio trabajado. A cambio de la compensación financiera, los agentes que suscriben el convenio quedan legalmente inhabilitados para volver a reincorporarse a cualquier sector del empleo público nacional por el término estricto de cinco años. En términos financieros, el oficialismo asegura que las indemnizaciones se amortizan y generan ahorros fiscales reales en menos de doce meses.
De acuerdo con las estadísticas oficiales publicadas por el INDEC correspondientes al mes de marzo de 2026, la administración pública nacional y las firmas corporativas del Estado contabilizan un total de 276.104 empleados, reflejando una contracción interanual del 6,3%. Al trazar el balance de lo que va de la gestión, los equipos técnicos del Gobierno nacional aseguran que, entre la aplicación de los retiros voluntarios, las jubilaciones de oficio y la no renovación de contratos temporales, ya se eliminaron más de 65.000 puestos en toda la órbita de la estructura estatal.
