La normativa establece responsabilidades compartidas: los padres responderán judicialmente por sus hijos, los directivos podrían perder subsidios estatales y los alumnos involucrados en hechos graves arriesgan la expulsión del sistema educativo provincial.
En un movimiento contundente para frenar la escalada de conflictos en las aulas, el gobernador Osvaldo Jaldo oficializó hoy el Decreto N.º 772/7 M.S. El documento ratifica un esquema de prevención y control estricto que otorga facultades especiales a la Policía y al Ministerio de Seguridad para intervenir ante amenazas o alteraciones del orden. La medida no solo busca blindar los edificios escolares, sino también fijar consecuencias legales y administrativas para todos los actores de la comunidad educativa.
El decreto establece un sistema de responsabilidades en cadena. Por un lado, las autoridades de colegios públicos y privados serán los garantes directos de la seguridad de los alumnos; el incumplimiento de este deber podría derivar en la quita inmediata de aportes y subsidios provinciales para la institución. En cuanto a los estudiantes, el Ministerio de Educación queda habilitado para aplicar medidas correctivas severas, que contemplan la expulsión del ciclo lectivo vigente para quienes pongan en riesgo la integridad de sus pares o docentes.
Un punto clave de la normativa apunta al entorno familiar: los padres o tutores legales serán responsables ante la justicia por las conductas de los menores, debiendo responder solidariamente por cualquier daño ocasionado. Además, el decreto prevé que, en casos de extrema gravedad y con intervención judicial, los menores involucrados puedan ser trasladados al Instituto Brochero de Benjamín Paz. El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, refrendó la medida que entra en vigencia de manera inmediata en todo el territorio tucumano.
Con este nuevo marco legal, el Gobierno busca desalentar las amenazas de bomba y los enfrentamientos violentos que afectaron el normal dictado de clases en los últimos meses. La provincia apuesta así a una política de mano firme donde la seguridad escolar es priorizada como un servicio esencial e inviolable.
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