Un informe elaborado por la Defensoría de la Tercera Edad advierte que la canasta básica de los jubilados trepó a más de $2 millones en octubre, superando por cuatro veces el haber mínimo con bono incluido. El fuerte impacto de los medicamentos, alimentos y alquileres profundiza la crisis del sector, donde crecen los niveles de pobreza e indigencia.
La situación económica de los adultos mayores atraviesa un momento crítico. De acuerdo con el último relevamiento de la Defensoría de la Tercera Edad y la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología, la canasta básica de los jubilados alcanzó los $2.090.646 en octubre, lo que representa un incremento interanual del 38% y ubica el costo de vida del sector a más de cuatro veces del haber mínimo, fijado en $505.748 con el bono extraordinario incluido.
El estudio, realizado en diversas regiones del país, detalla que rubros esenciales como medicamentos y salud insumen $518.708 mensuales —a pesar de los descuentos de las obras sociales—, mientras que los alimentos demandan $457.742 y la vivienda otros $364.969, concentrando entre estos tres ítems cerca de dos tercios del total requerido para subsistir.
El informe contrasta estos valores con los magros ingresos del sector previsional: quienes perciben la mínima o las Pensiones No Contributivas (PNC) —que se ubican en $375.023— y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) de $418.598, quedan sumergidos muy por debajo del umbral de indigencia establecido en la Ciudad de Buenos Aires.
Esta marcada asimetría impulsó un marcado deterioro social, reflejado en el último informe del INDEC que ubicó la pobreza en adultos mayores de 65 años en el 14,8% durante el primer semestre, advirtiendo que muchos jubilados se ven empujados a seguir trabajando en condiciones precarias o a depender de ayudas extraordinarias para cubrir sus necesidades básicas.
