Bandas criminales se apoderan de viviendas de personas vulnerables para utilizarlas como bases de operaciones para el tráfico de drogas. Aunque el fenómeno es masivo, el gobierno recién ahora prepara una ley específica para penalizarlo.
En Reino Unido, una práctica delictiva conocida como cuckooing está alterando la seguridad y la vida privada de miles de ciudadanos. El término, que proviene del comportamiento del cuco —un ave que ocupa los nidos de otras especies para poner sus propios huevos—, describe la maniobra mediante la cual bandas narco irrumpen en hogares ajenos para establecer allí sus centros de operación y tráfico de estupefacientes.
Un blanco fácil: la vulnerabilidad
Las bandas no eligen al azar. Sus víctimas suelen ser personas con algún grado de vulnerabilidad, como ancianos, discapacitados o consumidores de sustancias. En muchos casos, los delincuentes se ganan la confianza de la víctima, entran en su vivienda y, una vez instalados, se niegan a marcharse, convirtiendo el hogar en un centro de distribución de droga.
La situación para las víctimas es extrema. Testimonios recogidos por la BBC relatan casos de violencia física, psicológica y abusos humillantes. «Me convertí en una prisionera en mi propia casa», relata Jackie, quien fue obligada a convivir con un traficante hasta que lograra saldar una deuda forzada.
Un delito «invisible» en cifras
Al no existir hasta ahora una ley que tipifique al cuckooing como delito específico, es difícil medir su alcance real. Sin embargo, las cifras de la policía de Londres son alarmantes: solo entre mayo de 2025 y abril de 2026, se denunciaron 1.539 incidentes en la capital británica.
Las condiciones en las que quedan las viviendas tras la ocupación son deplorables. Agentes policiales que inspeccionan estos inmuebles han reportado escenarios de miseria extrema: desde suciedad acumulada y hedores insoportables, hasta rastros de violencia explícita.
Hacia una nueva legislación
El gobierno británico anunció que el cuckooing será finalmente un delito específico antes de fin de año, bajo la Ley de Delitos y Policía de 2026, con penas que alcanzarán los cinco años de prisión. Hasta el momento, las autoridades han tenido que recurrir a estrategias indirectas, como las «órdenes de cierre» temporales, para intentar desalojar a los delincuentes y proteger a las víctimas.
A pesar de los avances, expertos como la doctora Amy Loughery, de la Universidad de Leeds, advierten que todavía hay mucho por recorrer. «Las víctimas no siempre son tratadas como tales, especialmente si tienen antecedentes de contacto con la policía», explica la especialista, instando a las autoridades a mejorar la respuesta social y el apoyo integral para quienes sufren esta forma de explotación.
