Un crítico informe elevado al Ministerio de Economía revela que la coparticipación cayó un 11%. Los intendentes denuncian que la Nación no envía alimentos desde 2024 y que la crisis productiva ya cerró 22.000 empresas.
La Federación Argentina de Municipios (FAM) formalizó un duro documento institucional dirigido a la cartera de Hacienda nacional para visibilizar la situación de «asfixia financiera» que atraviesan los gobiernos locales. En el escrito, los jefes comunales de todo el país advierten que, de no mediar respuestas urgentes, el tejido social entrará en un proceso de deterioro irreversible.
El diagnóstico técnico describe una realidad fiscal asfixiante para los municipios del interior. Durante el primer trimestre de 2026, los ingresos por coparticipación federal registraron un retroceso real del 11%, lo que sumado a la eliminación de subsidios al transporte y la energía, ha dejado a las administraciones sin margen de maniobra. Este escenario impacta directamente en la calidad de los servicios esenciales que reciben los vecinos y en el encarecimiento logístico de las provincias.
Un punto central del reclamo es la retención de recursos clave. Según la FAM, el Estado Nacional acumuló 3,5 billones de pesos mediante el Impuesto a los Combustibles al cierre de marzo. Sin embargo, los intendentes denuncian que ese dinero se encuentra «congelado» y no se utiliza para obras viales ni para amortiguar el precio del gasoil, motor de las economías regionales. Esta falta de inversión nacional coincide con un desplome del sector privado: ya se contabilizan más de 22.000 empresas cerradas en todo el territorio nacional, afectando gravemente la producción industrial.
En el plano humano, la presión sobre los distritos —considerados el primer mostrador de la democracia— es inmanejable. El documento revela que la demanda de comida en los barrios se duplicó en el último año, pero el Gobierno Nacional no ha enviado «ni un paquete de arroz» en los últimos 24 meses. La vulnerabilidad se extiende a los jubilados, quienes enfrentan dificultades para comprar remedios, y a las personas con discapacidad que han sufrido recortes en sus pensiones.
Para frenar este colapso, la FAM solicitó una mesa de trabajo permanente con Economía para normalizar los recursos, restituir subsidios básicos y garantizar la seguridad alimentaria en todo el país.
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