El gobernador de la provincia aseguró que el decreto para frenar las intimidaciones se aplicará con máxima rigurosidad; «tenemos que poner orden en nuestros establecimientos», sentenció el mandatario ante la ola de incidentes.
Frente a la creciente preocupación por las reiteradas amenazas de tiroteos en colegios tucumanos, el gobernador Osvaldo Jaldo ratificó su decisión de actuar con firmeza. El mandatario advirtió que el decreto provincial orientado a sancionar estos hechos se ejecutará «a rajatabla», enfatizando que las intimidaciones públicas constituyen un delito que la Justicia perseguirá de manera contundente para devolver la normalidad a las aulas.
Jaldo analizó la problemática como un fenómeno que excede las fronteras locales, pero remarcó que Tucumán no permitirá que la situación escale. «El Gobierno tiene que poner orden y límites. Lo que se está haciendo en las escuelas son amenazas de tiroteo, y las amenazas son un delito que nadie puede negar», sostuvo el titular del Ejecutivo. En este sentido, instó a los padres y a las autoridades educativas a trabajar de manera conjunta para identificar el origen de estos mensajes que siembran el pánico entre los alumnos y el personal docente.
La postura del Gobierno surge como respuesta al miedo generalizado que reportan las familias. Según el gobernador, el objetivo principal es proteger a los estudiantes y docentes que ingresan a los establecimientos bajo un clima de angustia innecesario. «Hay padres y madres muy preocupados, y hay chicos que no tienen nada que ver y entran con miedo», explicó, justificando la dureza de las medidas que se implementarán a partir de ahora ante cualquier sospecha confirmada.
Finalmente, el mandatario fue categórico al señalar que cualquier persona que sea detectada cometiendo este tipo de actos será puesta de inmediato a disposición del Ministerio Público Fiscal. Con la firma del decreto, la provincia busca frenar lo que considera una práctica delictiva que afecta el derecho básico a la educación en un entorno seguro.
