Una reunión reservada entre el juez Ariel Lijo y mandatarios regionales desató las alarmas en el kirchnerismo. El bloque que integran Salta y Catamarca busca desplazar a la conducción actual, mientras se negocian pliegos judiciales clave en el Senado.
El peronismo nacional atraviesa horas de máxima tensión ante la posibilidad de una nueva intervención judicial que desplace a sus autoridades actuales. El fantasma de lo ocurrido durante el macrismo con Luis Barrionuevo volvió a sobrevolar la escena política tras conocerse encuentros privados entre magistrados federales y gobernadores del norte, quienes buscan ganar peso propio frente al núcleo duro de Cristina Kirchner.
La preocupación en la cúpula del PJ escaló luego de una reunión en la casa del juez federal Ariel Lijo, de la que participaron los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca). Este bloque provincial, que mantiene una postura dialoguista con el Gobierno nacional, estaría promoviendo por lo bajo la intervención del partido ante la jueza electoral María Servini. Cerca de la expresidenta cuestionan los vínculos entre estos mandatarios y los tribunales federales, temiendo un desplazamiento institucional similar al que sufrió José Luis Gioja en el pasado.
De fondo, la disputa no es solo por el sello partidario, sino por el control de la «rosca» judicial en el Senado. El Gobierno nacional envió 80 pliegos de candidatos a jueces, y los gobernadores buscan utilizar su influencia legislativa para negociar esos nombramientos a cambio de fondos y autonomía política. Mientras tanto, desde la conducción oficial del PJ aseguran que no existen fundamentos legales para una intervención, ya que todos los órganos partidarios están en pleno funcionamiento.
Con las elecciones legislativas de 2025 en el horizonte, la batalla por el control del Partido Justicialista se traslada de las unidades básicas a los despachos de Comodoro Py, en una pelea que promete redefinir el liderazgo de la oposición.
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