El Ejecutivo argumenta que la ley vigente perjudica a las pymes y limita el comercio. La oposición dialoguista frena el apuro oficialista y exige estudios que justifiquen la medida.
El tablero político en el Congreso de la Nación sumó un nuevo foco de conflicto. El gobierno de Javier Milei envió formalmente al Senado un proyecto de ley que propone derogar en su totalidad la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable (N° 27.642), popularmente conocida como la Ley de Etiquetado Frontal. Sin embargo, la iniciativa oficialista ingresó a una Cámara alta concentrada en otras discusiones y chocó rápidamente contra la cautela de los bloques de la oposición dialoguista, quienes adelantaron que exigirán argumentos de peso antes de dar el debate en comisiones.
Desde las bancadas aliadas al oficialismo deslizaron que la eliminación de los sellos negros no figura en la lista de temas urgentes para el país. Legisladores de los sectores intermedios señalaron que el mensaje del Ejecutivo carece de evidencia científica contundente y advirtieron que, si bien la norma actual es perfectamente mejorable, borrarla por completo representa una medida excesiva frente a una sociedad que ya incorporó y se acostumbró al sistema de advertencias en las góndolas.
Los argumentos de la Casa Rosada contra los octógonos
El texto enviado por el Poder Ejecutivo lleva las firmas del presidente Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Salud, Mario Lugones. Entre sus fundamentos principales, la Casa Rosada sostiene que el esquema actual es «binario» y castiga por igual a alimentos tradicionales de consumo masivo que a productos ultraprocesados de composición nutricional muy inferior. Al no haber grises, el oficialismo argumenta que las empresas carecen de incentivos para mejorar gradualmente sus recetas.
Asimismo, el proyecto cuestiona con dureza las restricciones vigentes en materia de publicidad y el uso de personajes infantiles en los envases, considerándolas limitaciones desproporcionadas sobre actividades económicas lícitas.
El impacto económico en las pymes
El núcleo duro del argumento libertario hace foco en el impacto negativo que la ley genera sobre el entramado productivo de menor escala:
- Costos fijos elevados: El texto subraya que las Pequeñas y Medianas Empresas (pymes) afrontan gastos desproporcionados para rediseñar envases y adecuar sus líneas de producción.
- Concentración de mercado: El Gobierno advierte que estas exigencias técnicas terminan favoreciendo la concentración del mercado en manos de las grandes corporaciones, las cuales tienen mayor espalda financiera para absorber el impacto económico de la norma.
El objetivo final expresado por el Ejecutivo es avanzar hacia un modelo integrado que pueda armonizarse a nivel regional con el Mercosur. Por estas horas, el proyecto espera el giro formal a las comisiones del Senado, donde la oposición ya avisó que no le otorgará una vía rápida de tratamiento.
