El gobernador Osvaldo Jaldo anunció que el Estado desiste de la compra forzosa de terrenos destinados a obras que no cuentan con financiamiento. La medida busca evitar condenas judiciales y embargos que pondrían en riesgo servicios esenciales.
En una firme postura por la austeridad fiscal y el respeto a la propiedad privada, el Poder Ejecutivo tucumano decidió dar marcha atrás con la expropiación de tres grandes inmuebles heredados de gestiones anteriores. Según confirmó el mandatario en Casa de Gobierno, la falta de fondos nacionales e internacionales para ejecutar los proyectos previstos transformaba estos procesos en un peligro financiero inminente, con juicios que amenazaban con drenar las cuentas públicas.
La determinación afecta a terrenos donde se proyectaban el Centro Multimodal de Cargas, la electrificación de El Espinillo y un complejo de 700 viviendas. Sin los recursos para concretar estas obras, la Provincia quedaba expuesta a sentencias judiciales por montos exorbitantes. «Nos adelantamos al fallo para proteger el patrimonio de los tucumanos; no vamos a permitir que embarguen fondos destinados a salud o educación por proyectos que hoy son inviables», sentenció Jaldo ante su gabinete.
Por su parte, la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, aclaró que «desistir» de estas acciones permite no solo evitar una deuda de más de $5.200 millones, sino también recuperar aproximadamente $2.000 millones que ya estaban depositados judicialmente. Esta nueva política de Estado establece que solo se avanzará en expropiaciones cuando exista una obra concreta con financiamiento garantizado. En paralelo, el Gobierno destacó que en los últimos dos años se han recuperado cerca de 1.000 hectáreas de tierras públicas que estaban ocupadas de forma irregular.
Con esta maniobra legal, el Gobierno busca enviar una señal clara al sector inversor sobre la seguridad jurídica en Tucumán. Mientras se paralizan los litigios y se reintegran los fondos al tesoro provincial, la administración central reafirma que la prioridad actual es la administración responsable de cada peso para garantizar el funcionamiento de los servicios básicos en un contexto económico complejo.
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