Víctor Gabriel Autalán, quien debía permanecer en su casa por una causa de narcotráfico, acribilló a un hombre el pasado sábado. La Justicia le dictó prisión preventiva mientras se investiga si el ataque fue por motivos personales o un ajuste de cuentas vinculado a la venta de drogas.
Un nuevo hecho de sangre en el barrio La Costanera pone bajo la lupa los beneficios de la libertad morigerada. Víctor Gabriel Autalán (29) fue detenido y enviado a la cárcel tras ser identificado como el autor de los cuatro disparos que terminaron con la vida de Cristian Esteban Cardozo (34). Lo indignante del caso es que el agresor gozaba de un arresto domiciliario sin pulsera electrónica ni custodia, medida que incumplió sistemáticamente hasta el momento del homicidio.
El ataque se produjo en plena siesta del sábado, en la intersección del pasaje Jorge Luis Borges y Yamandú Rodríguez. Tras una violenta gresca entre grupos antagónicos, Autalán abrió fuego contra Cardozo, quien falleció poco después en el Centro de Salud. La división de Homicidios logró capturar al sospechoso cuando este regresaba a su hogar portando, presuntamente, el arma homicida. En la audiencia de ayer, el fiscal Carlos Sale obtuvo la prisión preventiva por cuatro meses para el imputado.
El historial de Autalán es extenso: contaba con una condena por narcotráfico en 2024 y había reincidido en enero de este año. Pese a esto, la justicia le permitió cumplir la detención en su vivienda bajo un régimen de confianza que no contaba con alertas de monitoreo. Respecto al móvil, los investigadores manejan dos hipótesis: una disputa sentimental o un trasfondo vinculado al tráfico de estupefacientes, dado que la víctima tendría lazos familiares con personas ligadas a un reciente e importante secuestro de cocaína en la zona.
Mientras el barrio se sume en el silencio por miedo a represalias, el caso reaviva la polémica sobre la falta de controles efectivos en las detenciones domiciliarias. Por ahora, Autalán permanecerá en el penal de Villa Urquiza a la espera de un juicio que podría costarle una condena de cumplimiento efectivo por tiempo prolongado.
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