Un proyecto de ley busca frenar la difamación digital con medidas cautelares rápidas. Los políticos no podrán ampararse en esta norma para evitar críticas.
En un contexto donde la viralización y la inteligencia artificial pueden destruir reputaciones en cuestión de minutos, la Legislatura de Tucumán se encamina a sancionar una herramienta judicial sin precedentes. La comisión presidida por Gerónimo Vargas Aignasse emitió dictamen favorable para incorporar un mecanismo de respuesta rápida dentro del Código Procesal Penal de la provincia.
El proyecto busca que cualquier ciudadano que sea víctima de calumnias, injurias o violencia digital pueda obtener una resolución judicial en un plazo máximo de seis horas. Bajo esta figura, un juez podrá ordenar la eliminación inmediata del contenido difamatorio, su desindexación de los buscadores y la preservación de pruebas para futuras acciones legales.
El límite: los funcionarios públicos
Para despejar dudas sobre posibles ataques a la libertad de expresión, la normativa incluye una cláusula específica: los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado no podrán utilizar esta herramienta. «Buscamos que nadie piense que esto es censura previa; los dirigentes tenemos otras herramientas como el derecho a réplica», aclaró Vargas Aignasse.
El legislador vinculó la urgencia de esta ley con la gravedad del acoso digital, señalando que en los últimos años se registraron casos de jóvenes que se quitaron la vida tras sufrir escraches virales. Con el apoyo de legisladores de distintos bloques, se espera que el proyecto llegue al recinto en la próxima sesión legislativa para su tratamiento definitivo.
