Rodrigo Paz designó un nuevo ministro de Defensa para frenar la parálisis del país. Los bloqueos de rutas ya causaron diez muertes y desabastecimiento en La Paz y El Alto.
El panorama político y social en Bolivia ingresó en una fase de máxima tensión institucional. El presidente de la nación vecina, Rodrigo Paz, envió al Parlamento un estratégico proyecto de ley que busca regular los estados de excepción y expandir las facultades operativas de las Fuerzas Armadas en conflictos civiles internos. La drástica iniciativa oficial intenta desarticular un mes ininterrumpido de bloqueos de carreteras y protestas nacionales que ya se cobraron la vida de diez personas y mantienen en situación de desabastecimiento crítico a múltiples regiones del mapa boliviano.
La presentación del texto legislativo se ejecutó formalmente de manera simultánea al acto de asunción del nuevo ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, quien asumió la conducción de la cartera militar tras la imprevista renuncia de su antecesor, Marcelo Salinas. La reforma legal se impulsa apenas una semana después de que la administración de Paz eliminara regulaciones previas que limitaban la intervención del Ejército en manifestaciones ciudadanas, respondiendo a las fuertes presiones de los sectores empresariales y productivos que exigen el restablecimiento inmediato del orden.
El argumento del «alivio humanitario» frente a las protestas
Desde el Palacio Quemado, las autoridades gubernamentales defendieron la normativa argumentando que no se trata de una medida de tinte represivo, sino de una herramienta de asistencia logística en situaciones de conmoción interior. Los puntos centrales del plan de contingencia contemplan:
- Abastecimiento vital: Habilitar el despliegue militar coordinado con la Policía para garantizar el libre tránsito terrestre y aéreo de alimentos básicos, combustibles, insumos médicos esenciales y el traslado de pacientes en emergencia.
- Zonas críticas: El mandatario puntualizó que los distritos de La Paz y El Alto son los núcleos urbanos más afectados por el aislamiento logístico y denunció que las carreteras permanecen cortadas por piquetes duros desde el pasado 6 de mayo.
- Respaldo legal: El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, aclaró que la ley dará cobertura institucional a los uniformados. «No son medidas de excepción de dictaduras; aquí el objetivo principal es dar un alivio humanitario a los transportistas y pobladores», sentenció.
Un conflicto con trasfondo político y diez víctimas fatales
La parálisis del territorio boliviano, que ya generó pérdidas económicas multimillonarias, es impulsada activamente por poderosos sindicatos campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y células de base afines al expresidente Evo Morales. Los manifestantes exigen de forma unánime la renuncia inmediata del presidente Paz.
De acuerdo con los reportes médicos oficiales, de las diez muertes registradas en el marco de la revuelta, siete correspondieron a ciudadanos que no pudieron recibir atención médica de urgencia en los efectores de salud debido a la imposibilidad de las ambulancias de sortear los terraplenes y barricadas en las rutas andinas. La vigencia final del estado de excepción y las nuevas tareas del Ejército quedarán ahora bajo la órbita de decisión del Poder Legislativo, que por mandato constitucional tiene un plazo máximo de 72 horas para avalar o rechazar el decreto presidencial.
