La presidente del bloque de senadores libertarios criticó las inconsistencias patrimoniales del jefe de Gabinete y sostuvo que el caso debe esclarecerse en la Justicia. El funcionario admitió haber mantenido ahorros no declarados y justificó su incremento patrimonial a través de inversiones en criptomonedas.
La relación interna dentro del oficialismo sumó un nuevo capítulo de tensión tras las declaraciones de la senadora Patricia Bullrich sobre la situación patrimonial de Manuel Adorni. La legisladora calificó como una «omisión ética» las inconsistencias halladas en la declaración jurada del jefe de Gabinete y subrayó que, para el Gobierno, la moral debe ser una «política de Estado».
Los puntos centrales del conflicto
Tras semanas de presión pública por parte de Bullrich para que el funcionario presentara la documentación, Adorni expuso su situación patrimonial. En una entrevista televisiva, el jefe de Gabinete admitió haber cometido un error al arrastrar durante años la omisión de ahorros acumulados junto a su esposa, justificando que esos fondos fueron generados en la actividad privada antes de su ingreso a la función pública.
El funcionario declaró que, mediante inversiones en bitcoin, logró transformar un capital inicial de 200.000 dólares en una ganancia de 300.000 dólares. Ante la sospecha de enriquecimiento ilícito, la Justicia, a través de la fiscalía de Eduardo Pollicita, inició una investigación para determinar el origen legal de estos fondos.
Tensiones en la coalición
Las críticas de Bullrich no son aisladas. La senadora ya había manifestado diferencias con la cúpula del Ejecutivo en temas como:
- Libertad de Prensa: Cuestionó las restricciones impuestas a periodistas acreditados en la Casa Rosada.
- Designaciones judiciales: Mostró desacuerdo con el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli, una decisión que en su momento calificó como una cuestión de conciencia.
Por su parte, Adorni se defendió asegurando que presentó de manera anticipada su declaración jurada de 2025 y rectificó las de años anteriores. «Hago un mea culpa, cometí un error», afirmó el jefe de Gabinete, comprometiéndose a pagar los impuestos y sanciones que la Oficina Anticorrupción pudiera determinar tras el análisis de su patrimonio.
La senadora, sin embargo, insistió en que el proceso debe seguir su curso natural en los tribunales. «Será la Justicia la que tendrá que determinar las responsabilidades», concluyó, marcando una distancia clara frente a los hechos que hoy mantienen bajo la lupa la transparencia de la gestión.
