Tras la sanción de la Ficha Limpia, la Legislatura puso en marcha el debate por un Código de Ética Pública provincial. El oficialismo analiza tres proyectos de la oposición que plantean desde la publicidad de las declaraciones juradas hasta la creación de una Oficina Anticorrupción.
La agenda política en la Legislatura tucumana ha tomado un nuevo rumbo. Con la «Ficha Limpia» ya convertida en ley, el bloque justicialista comenzó a evaluar la implementación de una Ley de Ética Pública, una asignatura pendiente en la provincia. Tucumán es hoy uno de los cuatro distritos del país que carece de un código de esta naturaleza, a pesar de que la norma nacional rige hace una década.
El debate en comisión
El vicegobernador Miguel Acevedo ha dejado claro que, aunque el oficialismo tiene la intención de avanzar, el tratamiento debe ser independiente y consensuado. Actualmente, la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Carolina Vargas Aignasse, se encuentra analizando las distintas propuestas. Aunque la mayoría de los proyectos fueron presentados por bancadas opositoras, la intención del PJ es construir un texto unificado que permita dar señales claras de transparencia.
Tres ejes que marcan la diferencia
Las propuestas bajo análisis (presentadas por Compromiso Tucumán y legisladores como Claudio Viña, José Macome y Walter Berarducci) coinciden en varios puntos críticos:
- Publicidad de las DDJJ: El punto más debatido. Mientras algunos proyectos proponen el depósito en sobres lacrados, otros, como los de Macome y Berarducci, exigen que las declaraciones juradas de bienes sean información pública accesible online y vía Boletín Oficial.
- Antinepotismo: Se busca prohibir los nombramientos de familiares y los polémicos «nombramientos cruzados» entre funcionarios de distintos poderes.
- Regulación de obsequios y uso de bienes: Las propuestas pretenden poner fin a la recepción de regalos vinculados al cargo y definir límites claros entre el uso público y particular de los bienes del Estado.
- Oficina Anticorrupción: Algunas iniciativas impulsan la creación de un ente independiente, autónomo y autárquico que supervise la integridad en la gestión.
Un cambio de paradigma necesario
A diferencia de intentos anteriores, donde decenas de proyectos terminaron en el archivo por falta de voluntad política, la actual coyuntura —marcada por la reciente reforma del sistema político y la cercanía de las elecciones de 2027— sugiere que existe una ventana de oportunidad para que Tucumán finalmente sancione su propio marco de ética pública.
Si bien aún no hay plazos definidos para un dictamen, el consenso parece ser el norte. El desafío para la Legislatura será encontrar el equilibrio entre la exigencia de transparencia que demanda la sociedad y las facultades de control que cada poder requiere para no paralizar la gestión diaria.
