El caso conmociona a la localidad de Pellegrini. Un control médico detectó una gestación de 29 semanas, destapando una red de ataques donde acusan al padrastro, al hermano y a un sobrino. Denuncian fallas institucionales graves.
Un escenario de desprotección extrema y violencia intrafamiliar mantiene en vilo a la provincia vecina de Santiago del Estero. La Justicia de la jurisdicción de Pellegrini investiga los abusos sexuales sistemáticos perpetrados contra una niña de apenas 12 años, cuyo calvario salió a la luz tras confirmarse en un centro de salud que cursa un embarazo avanzado de 29 semanas. El caso no solo expone el horror de los vejámenes, sino que desató una ola de indignación por las alertas institucionales que el entorno familiar asegura que fueron ignoradas durante años.
El hecho se descubrió cuando la menor ingresó al Hospital Zonal aquejada por severas molestias estomacales, acompañada por su madre. Durante la revisión, el personal de obstetricia constató el avanzado estado de gravidez, lo que activó de forma inmediata los protocolos de emergencia sanitaria y la intervención de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual, actualmente bajo la dirección de la fiscal Natalia Malachevski.
Una trama de horror y complicidad
La denuncia formal fue radicada por la abuela materna de la niña (59), quien aportó testimonios y señaló con precisión a los tres presuntos responsables de los ataques reiterados: el padrastro de la víctima, conocido como “Tipo” Gambarte; su hermano, César G.; y un sobrino de ambos, Juan G. Este último cuenta con antecedentes penales por delitos de índole sexual y se dio a la fuga apenas se judicializó el caso, activando un pedido de captura y un operativo de rastrillaje policial.
Según el testimonio de uno de los hermanos menores de la víctima, el padrastro utilizaba las rutinas domésticas como pantalla para consumar los abusos, enviando a la niña a moler maíz a un sector apartado de la vivienda bajo severas amenazas para asegurar su silencio. Además, la abuela amplió la acusación contra su propia hija (la madre de la menor), imputándola por presunta complicidad y encubrimiento, al considerar que estaba al tanto de las agresiones y omitió defender a sus hijos.
El reclamo contra la desatención judicial
El entorno de la víctima denunció graves fallas en el sistema de protección a la infancia. Cuatro años atrás, la abuela ya había acudido a las autoridades policiales y judiciales para solicitar la guarda de sus tres nietos, alertando sobre maltratos físicos severos por parte del padrastro. En aquella oportunidad, las presentaciones fueron desestimadas bajo el argumento de que los menores se encontraban en “perfecto estado”.
Alerta de los familiares: La mayor preocupación actual radica en que, tras recibir atención en el Centro Provincial de Salud Infantil (CEPSI), la menor fue reintegrada al mismo domicilio donde conviviría con el principal acusado, bajo la custodia de la madre imputada. “Ni siquiera fue escuchada en Cámara Gesell porque su madre se la llevó inmediatamente tras el alta; la nena niega los hechos por puro miedo”, denunció públicamente Mónica, tía de la víctima, mientras se dirigía a la comisaría local junto a la abuela para exigir medidas urgentes de resguardo efectivo.
