Un dispositivo pirotécnico ilegal provocó el incendio «El Dorado» en California en 2020, que devastó miles de hectáreas y causó la muerte de un bombero. Tras la condena a la pareja responsable, ahora tres empresas deberán pagar más de US$ 4 millones por no advertir sobre los riesgos de sus productos.
Lo que debía ser un momento de celebración familiar en un parque de Yucaipa, California, terminó en tragedia en 2020. Una pareja, ansiosa por conocer el sexo de su futuro bebé, utilizó dispositivos pirotécnicos que generaron una explosión de humo azul. Sin embargo, las chispas iniciaron un incendio forestal que se extendió durante meses, calcinó más de 9.200 hectáreas y cobró la vida de Charles Morton, un apreciado bombero que combatía las llamas.
Un caso judicial inusual
Si bien la pareja ya había sido condenada a penas de cárcel y servicios comunitarios tras declararse culpable, la Justicia dio un paso más allá al apuntar hacia la cadena de comercialización de los dispositivos.
Tres empresas involucradas en el diseño, importación y venta de las bombas de humo —Wholesale Fireworks Corp., American Fireworks Warehouse LLC y Pink or Blue Gender Team Inc.— acordaron pagar más de US$ 4 millones para resolver una demanda federal. El motivo central de la responsabilidad legal fue claro: los dispositivos eran ilegales en California y las empresas no advirtieron adecuadamente a los consumidores sobre el alto riesgo de incendio que conllevaban.
¿Por qué marca un precedente?
Expertos legales consultados señalan que este fallo es excepcional. A diferencia de las compañías eléctricas, que enfrentan demandas constantes por negligencia tras incendios forestales, es extremadamente raro que los fabricantes de productos sean responsabilizados por el uso imprudente que los clientes les dan una vez vendidos.
- El argumento de la «falta de advertencia»: La demanda federal se basó en que las empresas «sabían o deberían haber sabido» los peligros de sus productos y no incluyeron etiquetas de seguridad suficientes.
- La postura de los fabricantes: Por lo general, una empresa sostiene que no tiene obligación de controlar cómo terceros usan sus artículos. Sin embargo, el Gobierno federal utilizó una «teoría jurídica creativa» que llevó a las empresas a preferir el acuerdo económico antes que un juicio de pronóstico incierto.
Una moda peligrosa
Este no es el primer incendio causado por celebraciones de este tipo, pero sí el que ha logrado mayor alcance judicial. En 2017, otro incidente similar en Arizona provocó daños por US$ 8 millones y, en aquella ocasión, no se responsabilizó a los fabricantes.
Si bien los especialistas advierten que este acuerdo no frenará por completo el uso ilegal de pirotecnia en zonas de riesgo, podría sentar un precedente para que las empresas mejoren drásticamente el etiquetado y las advertencias de sus productos, obligando a los vendedores a ser más responsables con los artículos que distribuyen en regiones con alta vulnerabilidad ante incendios.
